LOS ABOLICIONISTAS ENTRE 1833 Y LA REVOLUCION DE 1868

En 1833 fallece Fernando VII y su viuda María Cristina es nombrada Regente, al ser menor de edad su hija y heredera Isabel II. Intentó implantar un gobierno absolutista moderado dirigido por Cea Bermúdez, pero tuvo que buscar el apoyo de sectores liberales para poder combatir a los absolutistas "ultras", alzados en armas en 1833 a favor de las aspiraciones al trono del hermano del rey, Don Carlos María Isidro.

Los llamados "carlistas" eran partidarios de la monarquía absoluta, del exterminio de los liberales y del restablecimiento de la Inquisición. Protagonizaron otras dos guerras en 1846 y 1872. Tenían el apoyo de un sector de la nobleza, de campesinos que atribuían su empobrecimiento al pretendido "liberalismo" de los últimos gobiernos de Fernando VII y de la mayoría de una Iglesia que les daba una base ideológica. En efecto, en 1864, entre la segunda guerra carlista de 1847 y la tercera de 1872, se publica la enciclica Quanta Cura de Pio IX que incluía en un syllabus o lista de los 80 errores condenables el pretender: que “la Iglesia no tiene derecho a reprimir y castigar con penas temporales a los violadores de sus leyes”; que “negar la obediencia a los Príncipes legítimos, y lo que es más, rebelarse contra ellos, es cosa lícita”; defender que “la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia”; que “no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos”; o que “en cualquiera religión pueden los hombres hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación”. Antes en 1832, un año antes del estallido de la primera guera carlista, Gregorio XVI en la enciclica Mirari publicada en 1832, llamaba "libertad de perdición" y condenaba textualmente a los que creen “que la libertad de conciencia y cultos es un derecho propio de todo hombre, derecho que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida; y que los ciudadanos tienen derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente y sin rebozo sus conceptos, sean cuales fueren, ya de palabra o por impresos, o de otro modo, sin trabas ningunas por parte de la autoridad eclesiástica o civil”. Esta doctrina de raíces milenarias en la que creian los absolutistas "carlistas" vio reforzada su autoridad cuando el Concilio Vaticano I (1869-1870) estableció la infalibilidad del magisterio solemne del Papa en materia de fe y de costumbres.

Así pues, la Regente María Cristina encargó a Martinez de la Rosa que formase gobieno el 15 de enero de 1834, con lo que se inició una larga sucesión de gobiernos liberales, con grandes limitaciones desde el punto de vista democrático. Las dos "facciones" rivales (los partidos estaban prohibidos) en que se dividieron los liberales -los "moderados" y los "progresistas"-, acordaron desde el principio, limitar el número de electores adoptando el voto censitario que concede el derecho a voto solo a quienes gozan de cierto nivel de riqueza personal. Da idea de la importancia numérica de esta limitación el que tras haberse alternado en el poder "moderados" y "progresistas", en 1864, cuatro años antes de la revolución que acabó con el reinado de Isabel II, en una España de 15.600.000 de habitantes, una ampliación del número de electores permitió pasar de unos 150.000 a 400.000 votantes. Igualmente limitaba la democracia, la elección de un diputado por distrito o circunscripción al facilitar el desarrollo del "caciquismo" de los notables en los medios rurales, lacra que duró hasta 1931.

El resultado fue que en España la transición que acabó con el antiguo régimen feudal, la dirigió la misma aristocracia latifundista, unida en alianza con la burguesía liberal, buscando que los cambios les resultaran beneficiosos a ambos colectivos. Unos y otros eran tan hostiles a abolir la esclavitud, como a conceder el sufragio universal a los españoles.

Esta alianza era una adaptación (al inicio sin la Iglesia que apoyaba al "carlismo") de la que ya existía durante el siglo XVIII, en el antiguo régimen, entre burguesía industrial, nobleza terrateniente e Iglesia. Un pacto tácito otorgaba el comercio colonial a la burguesía (2/3 de la producción industrial de Barcelona iba a América) y el control del campo a la nobleza y a la Iglesia. Así, en el mismo año en que estalló la revolución francesa, en marzo de 1789, también se produjo una revuelta pidiendo pan en Barcelona. A diferencia de lo que hizo la burguesía en París, en Barcelona apoyó la represión del poder contra los amotinados.

Esta alianza se rompió durante los primeros decenios del siglo XIX por la difusión de las ideas liberales y por la sublevación americana encabezada por liberales que al interrumpir el comercio colonial perjudicaba a la burguesía. Así, cuando Riego se levantó en armas en 1820 para restaurar la Constitución de 1812 elaborada por las Cortes de Cádiz, los fabricantes de Barcelona cerraron las fábricas y enviaron a los obreros a manifestarse contra el gobierno absolutista, lo que acabó forzando la dimisión del capitán general.

Sin embargo, a partir de los acontecimientos revolucionarios de 1835 que dieron lugar en Barcelona a la quema de la fábrica "el vapor" Bonaplata, la burguesía industrial se volvió a aliar con la oligarquía terrateniente por temor a las protestas contra las duras condiciones en que vivían sus trabajadores: de un 10 a un 20% eran niños de seis a catorce años y, según las estadísticas del urbanista Ildefonso Cerdà, la vida media de las personas de la "clase pobre o jornalera" era la mitad de quienes integraban las clases acomodadas.

Los campesinos españoles pierden sus derechos sobre las tierras
Por su parte, los grandes terratenientes señoriales controlaron la abolición del antiguo régimen en el campo y se aprovecharon para obtener sentencias judiciales que convertían en propiedad territorial inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, lo que hasta entonces podía haber sido sólo un señorío jurisdiccional -sin derecho de venta- sobre unas tierras en las que el señor nombraba jueces y alcaldes, cobraba tributos, peajes por el uso de caminos y puentes, recibía partes de la cosecha en especie o censos en metálico, obligaba a utilizar sus molinos y ejercía otros privilegios feudales sobre generaciones de campesinos o siervos que como contrapartida también reconocida desde siglos, cultivaban la misma tierra, teniendo sobre ellas un dominio útil o usufructo que incluso podía ser, con el permiso del señor, arrendado o vendido a otro campesino del lugar.
Fue así, como un señor que hasta entonces no podía dividir su dominio por la ley del mayorazgo, y que debía dejarlo a un único heredero, y que -en cierto modo- era un gobernador despótico y un recaudador de impuestos hereditario, pudo registrar el título de propiedad incluso de calles y plazas de los pueblos, desposeyendo a los campesinos de todo derecho sobre unas tierras a las que habían estado secularmente "atados". Así pues, en España la introducción del capitalismo en el campo y la colocación de las tierras en el mercado no adoptó el modelo de la fase radical de la revolución francesa, basado en la expropiación y venta de las tierras de la nobleza a campesinos pequeños y medios. El modelo español más bien recuerda el caso de la abolición de la servidumbre en Rusia, en 1861, que motivó la rebelión de los siervos "liberados". Aquí, en España, esto explicaría las posteriores revueltas y ocupaciones campesinas en las que estos entendían recuperar "sus" tierras.

La desamortización y venta de los bienes de la Iglesia -gran soporte de la rebelión absolutista de los carlistas- también benefició a la nobleza terrateniente y a la burguesía liberal, al ser los únicos que tenían dinero para comprar las tierras. Lo mismo ocurrió con el tipo de impuestos que se instauró y con la desamortización y compra de los bienes comunales de los municipios, medida que por otro lado empobreció aun más a los campesinos pobres al quitarles el acceso a uno de sus pocos recursos. Todo ello favoreció el pacto entre la nobleza y la burguesía liberal en el que se apoyó Isabel II.

En resumen, el antiguo régimen fue liquidado con un reforzamiento del latifundismo y con una agricultura atrasada al basarse en los bajos salarios de los campesinos sin tierra. Así nació un problema explosivo con episodios como la revuelta del 21 de junio de 1861 en la zona de Loja en la que se formó un ejército republicano-campesino de 10.000 hombres, o represiones sangrientas contra la agitación campesina, como fueron las ejecuciones, torturas y encarcelamientos en 1883 con el pretexto de la conspiración, en gran medida "inventada", de la "mano negra".

La corona se decanta siempre por los liberales “moderados”
En el plano político, la corona que tenía un peso decisivo para decidir quien tenía que gobernar, tendió a marginar a los "liberales progresistas" y entregar el monopolio del poder a los "liberales moderados" que se conformaban con la adaptación a España del modelo de administración pública napoleónica. Algunos de sus dirigentes, como el general Narváez, no vacilaron en recurrir a sanguinarios métodos dictatoriales para reprimir toda oposición. Entre 1833 y 1868, los "progresistas" sólo fueron llamados en tres ocasiones a gobernar (de 1835 a 1837, de 1840 a 1843 y de 1854 a 1856) y las tres veces fue por la presión de alzamientos populares combinados con pronunciamientos militares. La corona les quitaba el poder tan pronto como consideraba que la situación estaba dominada, a lo cual contribuían los mismos liberales "progresistas", pues apenas conquistaban el poder, el temor a cambios profundos democráticos que no deseaban, les hacía aplicarse desde el gobierno en neutralizar y disolver las Juntas ciudadanas que habían encabezado los alzamientos populares a su favor.

Este hecho provocó el desencanto de ciertos sectores populares hacia los "progresistas" y la aparición de partidos más radicales como el demócrata, partidario del sufragio universal, y el republicano. La desconfianza hacia un gobierno central que siempre disolvía sus Juntas ciudadanas hizo que los sectores más revolucionarios, defensores del sufragio universal, de la abolición de la esclavitud y de la abolición de la monarquía, culminasen sus ideas creando un partido, el republicano federal. Sus miembros, llamados en su tiempo los jacobinos españoles, consideraban que España tenía que constituirse como nación en base al derecho de "autodeterminación" que unía las ciudades en provincias, las provincias en estados o cantones (nomenclatura americana o suiza) y a los estados en una república federal española (o incluso ibérica) que incluía Cuba y Puerto Rico, como dos estados más.
La buena imagen de Estados Unidos puede explicar que se imitase su nacimiento como nación cuando al declararse independientes, se produjo la unión voluntaria de las trece colonias o estados. También, el hecho de que los núcleos más revolucionarios estuvieran repartidos por toda la geografía española y que desconfiasen del gobierno central favoreció posiblemente que concibieran un modelo de estado federal, muy diferente del concebido por sus homólogos, los jacobinos franceses, que tuvieron su plaza fuerte en el revolucionario París.

En el periodo de 1833 a 1868 el número de esclavos creció en Cuba. En 1860 habían unos 377.000, siendo la población de la isla de 1.200.000 habitantes, de los que unos 567.000 eran de color. Según unos censos no muy seguros, en 1804 había unos 138.000 esclavos y un total de 432.000 habitantes; en 1830 unos 310.000 esclavos y 755.000 habitantes; y en 1841 unos 436.000 esclavos y un millón de habitantes.
En esta isla hubo rebeliones de esclavos, duramente reprimidas por capitanes generales, como el absolutista Tacón o sus sucesores Valdés y O'Donnell. Incluso durante el mandato de este último se reprimió a los negros libres e ilustrados, implicándolos de forma dudosa en una conspiración. Hubo 78 ejecuciones y 300 muertos bajo la tortura.

De todos modos entre 1835 y 1845 las Cortes fueron sensibles en varias ocasiones a las presiones abolicionistas exteriores y aprobaron en 1837 la abolición de la esclavitud en el territorio metropolitano, sin extenderla a los territorios de ultramar. En 1835 otra ley ineficaz volvió a prohibir el tráfico de esclavos, como ya se había hecho en 1817 cuando se firmó un acuerdo con Inglaterra por el que a cambio de esta prohibición, este país entregó a Fernando VII 400.000 libras. Hubo que esperar a 1845, a que una tercera y también no aplicada ley que condenaba la trata, añadiera alguna disposición penal contra el tráfico de esclavos. En ella se preveía la confiscación del buque, 6, 4 o 2 años de cárcel para su capitán (según la zona geográfica en que hubiese sido capturado), la mitad de la pena para el resto de la tripulación y el destierro de los propietarios del barco negrero a 50 leguas de su domicilio.

En Cuba la abolición del tráfico fue apoyada por personalidades como Juan Antonio Saco, Domingo del Monte o incluso Francisco Arango. En España el abolicionismo empezó a manifestarse con la fundación del partido demócrata (escisión de los progresistas). En 1865, tres años antes de la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II, empezaron a organizarse los partidarios de la abolición, y a poner en marcha campañas de propaganda en favor de la adopción de leyes abolicionistas. Tuvo gran incidencia en este hecho el que un año antes, en 1864, se trasladase a Madrid el hacendado puertorriqueño abolicionista Julio de Vizcarrondo Coronado que había liberado a sus esclavos. Él fue el impulsor de la fundación en Madrid, el 2 de abril de 1865, de la Sociedad Abolicionista Española, con el apoyo de algunos políticos y economistas librecambistas anglófilos y partidarios del trabajo asalariado, como Laureano Figuerola, Luis María Pastor, Segismundo Moret, Joaquín Sanromá y Gabriel Rodríguez, y de políticos cuyas ideas cubrían desde el partido progresista, como Salustiano de Olozaga o Juan Valera, a republicanos como José María Orense, Emilio Castelar, Nicolás Salmerón, Estanislao Figueras y Francisco Pi Margall.

La Sociedad Abolicionista se presentó con un gran mitin el 10 de junio de 1866 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Tuvo secciones en Sevilla, León, Barcelona y Zaragoza.

El órgano de prensa de la asociación fue "El Abolicionista español" que apareció en Madrid el 15 de julio de 1865. En 1866 organizó un concurso literario al que concurrieron 76 poetas que ganó Concepción Arenal con su poema "La esclavitud de los negros". El gobierno de Narváez clausuró la Sociedad Abolicionista y su periódico en 1866, en un momento en que se desató una represión que llevó incluso al cierre del Ateneo de Madrid.

Merece señalarse que en este año 1866, el New York Times ya informaba de una huelga de los esclavos en varias haciendas en Cuba, exigiendo ser pagados por su trabajo y que según el periódico fueron reprimidos por el ejército español.

Tras varios alzamientos militares fracasados, el general Prim, convertido en aglutinador de los liberales progresistas, realizó un pacto con el partido demócrata al que después se sumó, ante las arbitrariedades de la reina y de su camarilla palaciega, la conservadora Unión Nacional dirigida por el general Serrano. El 19 de septiembre de 1868 se produce el pronunciamiento militar de los generales Prim, Serrano y el almirante Topete. Para triunfar precisaron del respaldo de los alzamientos populares dirigidos por Juntas ciudadanas, que organizadas por progresistas, demócratas y republicanos aglutinaron a la burguesía liberal y a las clases populares. La victoria decisiva fue la batalla de Alcolea el 28 de septiembre de 1868. El pronunciamiento se convirtió en una Revolución conocida como "La Gloriosa". Con ella se instituyó el régimen más democrático que jamás había tenido España.

Recién destronada Isabel II, la Junta Superior Revolucionaria publicó el 9 de octubre en la Gaceta de Madrid una Declaración de Derechos que contenía la filosofía política inspiradora de la Revolución. En esta declaración se decía: "la esclavitud de los negros es un ultraje a la naturaleza humana y una afrenta para la nación que, única ya en el mundo civilizado, la conserva en toda su integridad". Asimismo en la Declaración de la Junta Superior Revolucionaria del 15 de octubre de 1868, se consideraba como necesidad urgente y salvadora, considerar libres a todos los nacidos de mujer esclava, a partir del 17 de septiembre de 1868. En una reunión celebrada en el el Price de Madrid el 23 de octubre de 1868 se volvió a aprobar la abolición inmediata y radical de la esclavitud.

No había pasado un mes del 5 de octubre, en que fue elegida en Madrid, por sufragio universal, la Junta Superior Revolucionaria, cuando el 21 de octubre, fue desplazada por un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano en el que sólo estaba representado el partido unionista y el progresista, faltando el demócrata.

Las Juntas, tanto la de Madrid, como las creadas en el resto de España, tenían un programa más avanzado que el del gobierno. Los primeros choques para privarles de poder los tuvo Prim cuando desarmó en diciembre a las milicias de Cádiz y del Puerto de Santa María. En 1869 entró en lucha abierta contra la Junta de Barcelona que se resistía a disolverse y que había creado una Junta Revolucionaria dirigida por diputados republicanos. Por su parte, en Madrid voluntarios republicanos federales intentaron asaltar el Ministerio de Gobernación.

El gobierno, no obstante estas acciones destinadas a neutralizar a los sectores más favorables a cambios profundos, también estaba dispuesto a asumir reformas democráticas como el sufragio universal o la citada petición de emancipar a los nuevos hijos de los esclavos.

En febrero de 1869 se forma una Constituyente elegida por sufragio universal. La integraban 156 progresistas liderados por Prim, Sagasta, Olozaga y Ruiz Zorrilla, 69 republicanos liderados por Orense, Figueras y Castelar, 69 ex-Unión Liberal dirigidos por Ríos Rosas, 18 carlistas y 14 partidarios de la restauración borbónica. La nueva constitución se aprueba el 1 de junio de 1869 y es la más democrática que había tenido España. Reconoce la soberanía nacional, los derechos del individuo, la libertad de cultos, el sufragio universal, el derecho de reunión y asociación (por primera vez se reconoce el derecho a formar partidos), la descentralización y la monarquía parlamentaria bicameral.

El 4 de julio de 1870 se publicó la ley presentada por el ministro de Ultramar del gobierno provisional, Segismundo Moret, que se conoció como de "vientres libres" por conceder la libertad a todos los hijos de esclavas nacidos después del 17 de diciembre de 1868, además de a los esclavos al alcanzar los 60 años o a los que hubiesen luchado con el ejército español.

El 16 de noviembre de 1870 se vota rey a Amadeo de Saboya, quien al llegar a España se encontró con que Prim había sido asesinado .

Las reformas que intentaba implantar el nuevo gobierno despertaban la oposición tanto de quienes deseaban limitarlas, como de quienes buscaban profundizarlas.

Este hecho y el asesinato de Prim escindió al partido Progresista entre quienes formaron el partido radical de Ruiz Zorrilla y los más conservadores del partido liberal demócrata de Sagasta. El partido progresista desapareció en 1872.

En cuanto al partido demócrata también desapareció en 1872 tras su división entre los promonárquico-democráticos de Segismundo Moret, Cristino Martos y Nicolás María Rivero (conocidos como cimbrios) que se aproximaron al partido radical y los que se integraron en el partido republicano democrático federal, como Figueras, Pi Margall, Castelar, Salmerón y Orense. Los primeros eran más conciliadores y dispuestos a aceptar una monarquía constitucional y una abolición de la esclavitud circunscrita de momento a Puerto Rico. Los segundos defendían una abolición radical e inmediata de la esclavitud y una república federal..

Con la Revolución de 1868 había vuelto a autorizarse la Sociedad Abolicionista y su periódico que tomó inicialmente el nombre de "La Propaganda", hasta que en octubre de 1872 recuperó su primitivo nombre de "El Abolicionista Español" que mantuvo hasta que dejó de publicarse en 1876.

Los abolicionistas, fueron políticos que en la fase inicial de la Revolución militaban en los partidos progresista y demócrata, y más tarde, radical y republicano federal. En función de los enfrentamientos y las alianzas políticas algunos se fueron mostrando con más disposición a aceptar enmiendas limitadoras a una abolición total, incluso algunos de ellos, como Sagasta, se alinearon con quienes combatían al gobierno en momentos en que este impulsaba leyes parcialmente abolicionistas.

Esta situación se creó, cuando tras la coronación de Amadeo I, el gobierno dirigido por el radical Ruiz Zorrilla, como alternativa moderada, propuso una abolición circunscrita a Puerto Rico, en donde sólo había unos treinta y un mil esclavos.

Esta ley, si bien era apoyada por los abolicionistas, no satisfacía completamente sus aspiraciones, por lo que el 22 de septiembre de 1872 presentaron en el senado una propuesta de ley de abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Suscribían la propuesta, entre otros, Fernando de Castro, Julio Vizcarrondo, Rafael María de Labra, Francisco Pi Margall, Nicolás Salmerón, Estanislao Figueras, José María Sanromá y Francisco Giner.

Por su parte, los esclavistas, ya irritados con la aprobación de la ley Moret, desataron una intensa movilización contra la abolición de la esclavitud limitada a Puerto Rico. Fundaron periódicos de gran tirada y lograron que los partidos conservadores apoyasen la creación de los Círculos Ultramarinos y de la Liga Nacional que tuvieron una fuerte influencia en las luchas políticas que se desencadenaron. Estos hechos se detallan en otro de los documentos de esta publicación, consagrado a este episodio

Su oposición no se limitaba a atacar al gobierno sino que alcanzó a la figura de Amadeo de Saboya por no darles su apoyo.

El ejército también se fue impregnando de la ideología de la Liga Nacional que identificaba el mantenimiento de la esclavitud y la oposición a toda reforma con la defensa de la integridad nacional, la resistencia a las presiones extranjeras y a impedir el "caos" en Cuba y Puerto Rico.

Amadeo antes que apoyarles dando un golpe de estado, prefirió disolver el arma de artillería, cuyos mandos se enfrentaban al gobierno y abdicar el 10 de febrero de 1873.

El 11 de febrero de 1873, el Congreso reunido conjuntamente con el Senado se constituye en Asamblea Nacional y acepta la abdicación. A continuación se proclama la República por 256 votos contra 32 y se elige el primer gobierno republicano bajo la presidencia de Estanislao Figueras.

Entre las medidas que fueron aprobadas por el parlamento republicano destaca la supresión del impuesto de consumos que gravaba las mercancías a la entrada de cada municipio; la proclamación de una amnistía; y la supresión de las quintas, si bien la medida quedó mediatizada por estar alzados en armas los independentistas cubanos y los carlistas.

El 22 de marzo de 1873 se pudo aprobar finalmente la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

Por su parte, el movimiento obrero que cada vez estaba más organizado logró en Cataluña, el 15 de febrero, las 64 horas semanales.

Habiendo la Asamblea convocado Cortes Constituyentes, se eligió un nuevo parlamento en el que con una gran abstención, la fuerza preeminente fueron los republicanos federales, si bien divididos en tres tendencias en las que puede señalarse como figuras más destacadas a Pi Margall (de la tendencia llamada por algunos "socialista" o "legalista"), Castelar (de la"individualista" o "benévola") y el general Juan Contreras de la "intransigente".

Los federales despertaban hostilidad por sus tesis anticolonialistas basadas en la abolición de la esclavitud y la autonomía de las colonias que pasarían a estar ligadas a la metrópoli por el lazo federal.

Inicialmente, mientras se mantuvieron unidos bajo la dirección de Pi Margall pudieron conservar el poder. Las milicias federales madrileñas desbarataron los intentos armados contrarrevolucionarios y lograron que se formase un gobierno bajo la presidencia del mismo Pi Margall.

Sin embargo, durante el mes de julio de 1873 se producen levantamientos armados contra el gobierno republicano federal de Pi Margall por parte de los sectores republicanos federales intransigentes que no estaban dispuestos a esperar a que el Congreso aprobara una constitución federal. Estallaron insurrecciones federales en Valencia, Málaga, Murcia, Cádiz, y Sevilla y en otras localidades. Se llegó a temer la proclamación del estados o cantón independiente de Andalucía. Por su parte los anarquistas se sublevaron en Alcoy. Los cantones que opusieron una mayor resistencia fueron los de Valencia, Murcia y Málaga, pero por encima de todos, destaca el cantón de Cartagena que contaban con una escuadra y una ciudad fortificada. No eran un movimiento realmente independentista, sino que defendían que la federación se tenía que hacer de "abajo a arriba" y también, según expresaban en un manifiesto, "en protesta por las demoras del gobierno de la nación en constituir a esta definitivamente en federación, y los nombramientos de cargos militares a jefes desafectos a dicho régimen". El 27 de julio los sublevados proclaman el Gobierno provisional de la Federación Española presidido por el general Juan Contreras.

Pi Margall tuvo que dimitir, tras fracasar el intento de apaciguar a los insurrectos con la presentación de la nueva constitución federal de 1873, elaborada por Castelar, que daba satisfacción a los planteamientos políticos de los cantonalistas al convertir a las regiones en "estados" y definir las competencias de estos y las de la federación.

Salmerón y Castelar fueron los nuevos Presidentes y sobre todo el segundo acabó encarnando la voluntad de derrotar a los amotinados y depurar a las autoridades que hubiesen colaborado con ellos. La prioridad que dio Castelar a reconstruir la unidad de España, suprimiendo las garantías constitucionales e introduciendo la censura de prensa, hicieron que pasase de encarnar la tendencia "benévola" del partido republicano federal a representar el republicanismo unitario.

La lucha contra la insurrección cantonalista reforzó el protagonismo que ya tenía el ejército por las insurrecciones carlista y la independentista cubana. En esta lucha además se combatió y derrotó al sector del ejército que había apoyado los levantamientos federales, por lo que la institución militar se convirtió en una fuerza predominantemente favorable a dar el poder al conservadurismo centralista de Cánovas, erigido en defensor de la unidad de España, y a aceptar la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII que propugnaba también el mismo Cánovas.

En efecto, cuando el 2 de enero de 1874 se presume que el Parlamento se plantea volver a designar presidente a Pi Margall o a uno de sus partidarios, el Capitán General de Madrid, Pavía, da al día siguiente un golpe de estado que abrió el paso a que el 28 de diciembre de 1874, un segundo golpe de estado del general Martínez Campos, restaurase la monarquía de los borbones en la persona de Alfonso XII.

Así pues, tras dar el general Martínez Campos, en Sagunto, este segundo golpe de estado y proclamar rey a Alfonso XII, se formó, el 31 de diciembre, un gobierno de regencia encabezado por Cánovas, organizador político de la restauración borbónica. El 9 de agosto de 1875 llegó Alfonso XII a Barcelona.

La idea de Cánovas era establecer un régimen formalmente parlamentario pero dominado por la oligarquía y el caciquismo. Concibió la existencia de dos partidos muy parecidos (dirigidos por personas ligadas a los mismos intereses económicos o incluso, empresariales) que se fuesen alternando, respetando la regla de que quien tenía o recibía el encargo de realizar las elecciones era quien las ganaba, hecho factible al combinarse el fenómeno del caciquismo en los distritos electorales, con drásticas medidas contra la prensa disconforme y con la manipulación de las votaciones. El número de diputados de cada partido, se decidía o se pactaba antes de las elecciones, tras la disolución del parlamento.

Cánovas organizó el partido Conservador y pactó con Sagasta el que crease este partido parecido que debía alternarse en el poder.

Para afianzarse, el gobierno de la Restauración publicó un decreto en el que se exigía fidelidad política al profesorado, lo cual le permitió purgar a la Universidad (lo que tuvo como consecuencia que los expulsados creasen la Institución Libre de Enseñanza). También suprimió el sufragio universal; anuló el matrimonio civil; dio a las órdenes religiosas el control de la enseñanza; reprimió las reivindicaciones obreras y campesinas; substituyó los fueros vascos por un concierto económico; y paralizó el desarrollo de nuevas leyes abolicionistas, hasta que en 1878 la Paz de Zanjón le obligó a reconocer la libertad concedida por los independentistas cubanos a los esclavos que se habían unido a sus filas. Esto hizo inevitable tener que conceder en 1880, una abolición total gradual a los esclavos que no se habían rebelado para evitar que se unieran a los independentistas. De todos modos, la creación del Patronato y un decreto que se publicó en Cuba hicieron que la abolición de la esclavitud no fuese realmente efectiva hasta que el 7 de octubre de 1886 un decreto abolió el Patronato.

Con la Restauración, los españoles volvieron a entrar en un nuevo y largo periodo de reconquista de su libertad, de forma que en la década siguiente todavía se formaban partidos democráticos, en cuyo programa se reivindicaba el restablecimiento de la Constitución de 1869 y sobre todo el reconquistar el sufragio universal masculino, para evitar episodios como el de los primeros concejales socialistas de la historia, elegidos en 1891, que no pudieron tomar posesión por no pagar la contribución mínima a Hacienda que exigían los vestígios del sufragio censitario.

Los documentos pontificios de Pío IX antiliberales, antidemocráticos y antisocialistas dieron soporte a todo el pensamiento reaccionario español partidario de la Restauración que de esta forma se atrajo a la Iglesia. Este hecho marcó el definitivo alejamiento por parte de la Iglesia de la causa absolutista Carlista, iniciado ya con la firma del Concordato de 1851, en donde la Iglesia a cambio de aceptar la pérdida de los bienes desamortizados, recibía subvenciones y privilegios. Con la Restauración se pudo culminar este proceso, favorecido por el hecho de que el pretendiente Carlos VII impulsó una evolución ideológica que hacía del carlismo (que ya se había alineado contra el centralismo, adoptando la defensa de los fueros) más progresista que el integrismo católico de los partidarios de la Restauración.

La derrota del federalismo que pretendía que la unidad de España y sus colonias surgía del derecho de autodeterminación de los estados (o cantones) que la integraban, además de impedir la implantación de la constitución federal española de 1873, inspiró realidades políticas dispares que marcaron el futuro:
-Los obreros y los campesinos sin tierra abrazaron el anarcosindicalismo, desengañados con una clase política republicana en la que habían depositado sus esperanzas;
-En 1893 –en un momento de paz en Cuba- un centralismo exacerbado provocó el rechazo del proyecto del ministro Antonio Maura de autonomía de Cuba, lo cual provocó que en 1895 estallase la guerra que acabó en 1898 con la derrota de España;
-Se mantuvo “por reacción anticantonalista” la corriente del republicanismo unitario que inició Castelar;
-Se fraguó el nacionalismo catalán, al crear tras la derrota, el ex-federal Valentí Almirall el primer partido nacionalista catalán, lo cual a su vez, favoreció que sectores conservadores organizasen posteriormente un regionalismo catalán. A este último se sumaron, incluso antiguos miembros de la antiabolicionista y españolista Liga Nacional que habían acogido con satisfacción el golpe de estado de Pavía, a pesar de que enterraba el Estado catalán integrado en una república federal o el pacto de Tortosa de 1869, firmado por los dirigentes federales de las regiones que habían integrado la Corona de Aragón, para establecer vínculos de colaboración y defender las diferencias idiomáticas propias.

Finalmente, también puede considerarse que fue la derrota del proyecto federal y la entronización de la visión de España de Cánovas lo que condujo a la supresión definitiva el 21 de julio de 1876 de las libertades históricas de los vascos (respetadas hasta entonces por la dinastía borbónica), convirtiéndolas en un concierto económico, lo cual, a su vez, abrió el camino a la futura fundación a partir de 1893 del Partido Nacionalista Vasco y a sus reivindicaiones.